Financiamiento educativo en tiempos urgentes

El 4 de julio, en la sala Jacobo Laks del Centro Cultural de la Cooperación, tuvo lugar el conversatorio público: “La discusión sobre el financiamiento educativo en tiempos urgentes”. El evento fue organizado por los observatorios y equipos de investigación de UNIPE, FFyL-UBA, CCC, Aula Abierta, UNQ, UNGS, UNSAM, UNDAV y NIFEDE-UNTREF. El panel de oradores estuvo integrado por Natalia Herger, Juan Doberti, Alejandro Morduchowicz y Gabriel Martínez.

Natalia Herger, investigadora del Programa Educación, Economía y Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue la encargada de abrir el debate. Su intervención estuvo dirigida a señalar las limitaciones crónicas que tienen los programas dirigidos hacia la inclusión educativa. “Es necesario identificar esos problemas para lograr la inclusión”, señaló.

Si bien la especialista sostuvo que en la última década se creció en términos de inclusión educativa, esta se realizó en términos desiguales en los distintos niveles socioeconómicos de la población. De esta manera, las personas de los últimos deciles socioeconómicos son claramente las que en mayor medida no finalizan los estudios obligatorios. Herger, además, apuntó a la corrección de las desigualdades jurisdiccionales. “Es necesaria la programación de acciones y la asignación de recursos para saldar la deuda social educativa que tiene el Estado con los ciudadanos”, afirmó.

A continuación, expuso Juan Doberti, docente en investigador de la UBA. El economista se enfocó en los problemas de financiamiento del sistema universitario y se preguntó si era necesario invertir más o invertir mejor. Por un lado, sostuvo que la masificación de la demanda de estudios universitarios de parte del sector productivo, del propio Estado y de la población volvía imprescindible una mayor inversión. “El problema –advirtió– es que se requiere mucha inversión para casi universalizar el nivel universitario y que, además, es un 50% más costoso (por alumno) que el nivel secundario”.

Doberti también observó que el aumento de la inversión estatal tendría sus límites, pero que esos límites podrían ser compensados por una “mayor eficacia en el uso del presupuesto”. De esta manera, estableció que era necesario mejorar la tasa de egreso, la equidad en el acceso de los distintos sectores socioeconómicos y el funcionamiento de las universidades en aras a una gestión de recursos más efectiva.

Con la ayuda de Internet, Alejandro Morduchowicz participó del panel sin moverse de México. El especialista se dedicó a ofrecer una mirada macro y otra micro acerca del financiamiento del sistema educativo argentino. En cuanto al aspecto macro, informó las fuentes de financiamiento educativo: la coparticipación federal y el presupuesto propio del Estado nacional.

Sin embargo, su argumentación se centró en la idea de que “está todo por hacerse” en el nivel micro. De esta manera, señaló que se requeriría coordinar la inversión educativa, es decir, determinar quién aporta, en qué cantidad y de qué manera. También opinó que el Estado nacional debe ser el encargado de imprimir equidad a las disparidades regionales. Por último, pidió que se elaboraran “fórmulas de financiamiento y acciones de política para que haya menos discrecionalidad en las decisiones”.

El economista de CTERA, Gabriel Martínez, fue el último orador, antes que se pasara al intercambio con el público. Su intervención estuvo dirigida a analizar el impacto del ajuste presupuestario sobre las políticas educativas. En primer lugar, y basado en datos oficiales, mostró cómo, entre 2015 y 2017, el porcentaje del PIB destinado a la educación cayó del 6,1% al 5,7%. “Pensamos que en el 2018 la caída es mucho mayor, debido al impacto de la crisis económica y la devaluación”, consideró.

Por otra parte, Martínez demostró que la caída en la inversión educativa tiene como contracara el crecimiento del porcentaje del PIB destinado al pago de la deuda externa y de sus intereses. Luego, se ocupó de analizar la caída de la inversión en distintos rubros educativos: Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), formación docente, políticas socioeducativas, educación técnica, educación digital y salarios docentes. “Pensamos –se lamentó– que las leyes vigentes iban a garantizar un piso en la inversión educativa, pero las leyes no se cumplen”. También expresó su preocupación por el hecho de que en medio del debate sobre el financiamiento del sector público no parecería priorizarse la inversión educativa.

@AAUNAHUR