Informe: El Derecho a la Educación en la Argentina ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?

Compartimos el informe publicado esta semana por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) sobre las políticas educativas del oficialismo nacional. A continuación, les acercamos el resumen ejecutivo del mismo y, al pie de esta entrada, el PDF con la versión completa:

1. Este informe tiene como objetivo analizar el ciclo actual de políticas públicas del sector educativo iniciado en diciembre de 2015 en Argentina, prestando especial atención a sus impactos en la promoción del derecho a la educación. En tal sentido, el informe se enfoca en el análisis de las políticas educativas desarrolladas desde el nivel nacional ya que, en un sistema educativo federal como el argentino, es el Estado nacional el que conduce y articula todo el sistema.

2. Sobre el contexto social en el que se desenvuelve el proceso de escolarización en nuestro país, debe apuntarse el negativo impacto que están teniendo algunas decisiones de política económica en las condiciones de vida de la población. La transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, la tendencia al incremento de la desocupación y la pobreza, así como la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos que perciben los segmentos de hogares más vulnerables, agravan la situación social que enmarca las trayectorias educativas de los niños/as y adolescentes.

3. En cuanto a los niveles de enseñanza obligatorios, las políticas educativas en curso se proponen expandir la oferta del nivel inicial (a partir de la construcción de jardines de infantes) e incrementar la proporción de escuelas primarias que ofrecen jornada extendida o completa (en articulación con actores comunitarios y con mucho énfasis en actividades deportivas). Para el nivel secundario, la política en curso es menos definida aunque se ha esbozado la vocación de revisar los formatos y la propuesta pedagógica del nivel. Sin embargo, estas tres líneas de políticas no están sostenidas por el financiamiento adecuado para su concreción. Por otra parte, en el caso de la construcción de jardines, se advierte una preocupante sub-ejecución de los recursos asignados en el presupuesto que abre interrogantes sobre las capacidades de gestión.

4. Con relación a la promoción de la educación pública, algunos hechos y decisiones recientes parecen ir en el sentido de debilitar el carácter público de la educación y las capacidades estatales para promoverlo. Como referencias pueden mencionarse: (1) la desjerarquizaciónde la docencia que significa la convocatoria de voluntarios ocasional, apresurada o sin formación, para desempeñar actividades educativas en los establecimientos escolares; (2) el mensaje que se envía a las escuelas para que difundan los resultados que sus alumnos obtienen en los operativos de evaluación, fomentando la competencia entre las instituciones y; (3) la pérdida de capacidades estatales que implica el desmantelamiento de la dirección de estadística del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y su posible traspaso de funciones a entes privados externos.

5. Respecto del sistema universitario, se advierte que la cantidad de estudiantes siguió creciendo durante el año 2016 y hay indicios de que también lo hizo en el año en curso, algo que podría generar tensiones frente al virtual congelamiento de las plantas docentes universitarias. Otro factor que puede resentir el desarrollo de la calidad de la actividad académica es la reducción de las vacantes para el ingreso de investigadoresal CONICET, dado que la mitad de estos investigadores desempeñan también funciones docentes en las universidades. Por otra parte, cerca del primer semestre del año, la gestión actual no ha realizado una oferta de recomposición salarial razonable que permita cerrar las paritarias del sector y colaborar para que los docentes universitarios recuperen algo de su salario luego de un año con más de 40% de inflación.

6. El sector docente de la educación no universitaria también ha visto menguadas las condiciones para el ejercicio de su profesión. Por una parte, porque en 2017 se advierte un descenso del presupuesto destinado a formación docente que resulta expresivo de la pérdida de presencia del Estado nacional en la capacitación en servicio de maestros, profesores y personal directivo. Por otra parte, por la insistencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación en no convocar al diálogo paritario tal cual lo establece la normativa vigente. Asimismo, la paritaria de la jurisdicción más grande del país, la provincia de Buenos Aires, ha ofrecido una recomposición salarial que apenas sobrepasa la mitad de la pérdida del poder adquisitivo del salario de sus docentes.

7. Luego de ocho años en los que la inversión en educación se sostuvo en Argentina en torno al 6% del Producto Bruto Interno (2009-2016), se abre una etapa en la que el Estado nacional está dando señales hacia la reducción de los recursos destinados a educación. Los fondos asignados a la función educación en el presupuesto nacional del 2017 implican una pérdida de participación del 13%, con respecto al presupuesto del año 2016. Otro rasgo expresivo de esta nueva tendencia es que, en 2017, el Estado nacional volverá a gastar más en servicios de deuda que en educación.

8. Otros aspectos que resultan de interés reseñar en este resumen son: el déficit del 50% que se advierte en la provisión de equipo informático a los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria; la pérdida de alcance y jerarquía institucional que se reconoce en el Programa de Educación y Memoria; la derivación de recursos destinados a la construcción de escuelas rurales, para ser utilizados en actividades de evaluación y; la inexistencia de políticas de desarrollo de la modalidad de educación intercultural bilingüe y de primera infancia.

9. Como cierre, el informe de la CADE expresa su preocupación tanto por las decisiones oficiales que tienden a debilitar la promoción del derecho a la educación en Argentina como por las dificultades que se advierten en la gestión de las políticas destinadas a la mejora en las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. En parte, este déficit se expresa en la inexistencia de una estrategia de financiamiento para sostener la expansión y las mejoras que requiere nuestro sistema educativo. Pero también, en las dificultades que se evidencian en la gestión que permiten que se ejecuten los recursos asignados. La pérdida de presencia del Estado nacional en la conducción de la política educativa de todo el país, así como algunas señales que avanzan en el sentido de la comercialización y privatización de la educación, son otros aspectos críticos sobre los que es necesario llamar la atención.

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