Soberanía educativa*

 

Foto por Gianni Bulacio. En: Presente. Retratos de la educación argentina (2014).

“Soberanía educativa” fue publicado en Emergencias. Repensar el Estado, las subjetividades y la acción política (2018). Además de ofrecer un análisis crítico de la actual situación educativa, el artículo es el resultado de la profundización de un vínculo pedagógico en el marco de la Licenciatura en Educación de la UNAHUR. Sus autores son Gabriel Brener, docente de la materia Conducción Pedagógica, y Rocío Valdes, una de sus alumnas. Una escritura a la par, en, desde, para y con la escuela pública.

Entre generaciones

Esta sociedad, hoy invadida por un incremento de injusticias en todos los ámbitos de la vida social que provocan dolor, pobreza y mayor desigualdad, encuentra esperanza en cada grito colectivo que surge denunciante y manifiesta el deseo y el horizonte común de vivir en un país más justo, digno e independiente. Denuncia, deseo y horizonte común que se gestan entre las distintas generaciones.

Las adultas y los adultos hemos aprendido, a raíz de los años más oscuros de la historia argentina, que nunca son opciones resignarse ante lo injusto y dejar de soñar. Quienes heredamos estas premisas, además, logramos (re)construir en nuestro ser la certeza de que más temprano que tarde lograremos triunfos justos para los sectores populares y ampliaremos el horizonte de lo posible.

La transmisión educativa se va conformando en ese singular y necesario encuentro entre generaciones. Se va conformando en la capacidad de pasar la posta y, al mismo tiempo, de sortear las interrupciones generadas por la irrupción de lo inesperado.[1] Jóvenes que incomodan a quienes los y las preceden para hacer pasar el legado con aquella interrupción que lo resignifica y acepta el reto de un presente incierto. Un presente en el que resistimos y soñamos recreando un fuerte compromiso con las mejores causas de la soberanía popular y la búsqueda de justicia social e independencia, con viejas y nuevas formas de participación ciudadana, con generaciones que se amalgaman y dan lugar a una sociedad feminista, irreverente, solidaria e inclusiva que muestra que un futuro mejor es posible. Y esa posibilidad se va concretando en cada uno de esos gritos colectivos que dicen basta a este presente turbulento de feroz ajuste.

Calidad educativa

La definición y el alcance de aquello que se denomina calidad educativa provocan gran controversia. Es un concepto en tensión constante. Para quienes anteponen la economía a la política y suelen ir a remolque de “los mercados”, la calidad educativa se define por las mediciones estandarizadas que se formulan en los países centrales en sintonía con los requerimientos del capital y el mercado como la medida universal de los parámetros que definen los resultados escolares. Para quienes anteponemos los intereses de las grandes mayorías en las sociedades, calidad educativa refiere a la principalidad del Estado como educador y su papel regulador en una distribución equitativa de las posiciones y oportunidades educativas: Estados educadores que priorizan y crean, sostienen y profundizan, leyes y herramientas institucionales que garanticen cada vez más y mejor escolaridad obligatoria para el conjunto de la sociedad, con políticas universales de acceso, tránsito y egreso escolares como derechos sociales.

Vivimos tiempos de domesticación que emanan de los poderes de la economía global y tienen su correlato a escala local. Podemos afirmar que dicha domesticación es política y pedagógica, en tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por su nombre en inglés) son al sistema educativo argentino lo que el Fondo Monetario Internacional es a la economía y a la política en nuestro país. Los “mercados” orientan el rumbo de un país que intentan despatriar, de una educación pública que buscan desmantelar.

Vivimos tiempos de domesticación que emanan de los poderes de la economía global y tienen su correlato a escala local.

Una educación pública de calidad es aquella que posibilita a todas y todos educarse en las mejores condiciones materiales y humanas, y permite lograr aprendizajes necesarios para desarrollar una ciudadanía plena, obtener trabajos dignos y seguir estudiando en el nivel superior. Pero a la vez esta calidad debe promover (y garantizar) la inclusión, y las estrategias necesarias para sostener la asistencia, permanencia y egreso en los tiempos proyectados de todas las niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos. Concebimos al dueto calidad e inclusión como dos conceptos indisociables, ya que aceptar su separación es naturalizar privilegios en el acceso a la educación. La calidad debe alcanzar a todas y todos; si es para pocas y pocos, no es calidad.

Disfrutar la incertidumbre como imperativo neoliberal

América Latina huele a retroceso, soplan vientos neoliberales de restauración conservadora. Oleada regional que asume formas y lógicas diversas, recogiendo, si se trata de nuestro país, las tradiciones más arraigadas del ordenamiento disciplinario del capitalismo incipiente de fines del siglo xix, con la férrea intención de disciplinar con retazos de Revolución Libertadora en la construcción de un demonio populista y buenas dosis de noventismo de mercado.

Este penoso presente hace de la educación una arena de batalla entre quienes resisten a esta oleada y quienes pretenden que sea arrolladora. Para ambas partes, ganar esta batalla es dar un pequeño e importante paso en la disputa cultural por echar raíces y reconfigurar el sentido común de la sociedad; o se educa en y para el silencio y la aceptación acrítica/sometimiento o se educa en y para el uso emancipador de la palabra y para subvertir el orden de lo establecido.

El primer ministro de Educación de esta oleada neoliberal en nuestro país, Esteban Bullrich, ha sellado algunas frases como tributo a sus raíces y principios ideológicos. Propuso realizar la campaña del desierto, pero reemplazando la espada y el fusil por la educación; enalteció la incertidumbre como expectativa de las y los más jóvenes sin afectarse por la matriz clasista de quien enuncia, y por tanto, reafirmando la condición patricia de quien naturaliza la intemperie como el medioambiente en el que vivirán las mayorías en los tiempos que vienen; sugirió invertir en cervecerías artesanales o en la carrera de pilotaje de drones mientras el mismísimo presidente, apoyándose en una evaluación demoníaca de la educación, alertaba a no “caer” en la educación pública; banalizó el mismísimo holocausto demostrando desconocer quién fue Ana Frank y edulcorando lo que, sabemos, fue de las peores masacres humanas en un simple asunto de una “dirigencia” (en alusión a Hitler y los nazis) que “no pudo unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”, como si fuera cuestión de simples desacuerdos políticos…

Estas y otras tantas frases encontraron y encuentran un profundo rechazo por parte de la docencia, el estudiantado y las comunidades educativas que están completamente decididas a defender y construir una educación pública de calidad para todas y todos, que permita volver a constituir a la dignidad como piso del cual nunca “caerse”, o mejor dicho a partir del cual siempre habrá que estar subiendo…

Queda claro que quienes han asumido la responsabilidad de gobernar nuestras tierras en diciembre de 2015 y, en particular, nuestra educación, no tienen interés alguno en transformar y dignificar a través de ella la vida de las mayorías. Buscan el divorcio entre calidad e inclusión educativas, y en esa ecuación que presentan como un asunto de índole técnico, reafirman el sentido más político de la  naturalización de las lógicas depredadoras del capital, donde se enaltece la meritocracia que reproduce las desigualdades inherentes al capitalismo con la encubierta intención de justificarla como natural y fomentar una convivencia o mejor dicho una supervivencia del darwinismo social.

El vaciamiento y el desmantelamiento de las principales políticas de inclusión educativa, con más de una década de vigencia, se transformaron en las principales tareas de las actuales políticas encaradas por CEOs de empresas que van aterrizando en las posiciones de máxima decisión en el destino de las decenas de miles de escuelas y millones de docentes y estudiantes en Argentina.[2] Aun cuando anunciaron su continuidad y profundización en el propio Consejo Federal de Educación, durante la última sesión de 2015,[3] la subejecución del presupuesto educativo se volvió protagonista en la disminución y, en algunos casos, interrupción de diversos tipos de acciones que venían siendo responsabilidad indelegable del Estado nacional, como la distribución de nuevas tecnologías, laboratorios de ciencias, libros y materiales didácticos. Esto provocó el achicamiento o eliminación de programas educativos, que es lisa y llanamente la obstrucción del derecho social a la educación, trasladar esa responsabilidad del Estado al mercado, librado al bolsillo y la posibilidad de cada familia.

Derechos torcidos

Las netbooks de Conectar Igualdad llegaron a más de 11 mil establecimientos y a 5,2 millones de estudiantes y docentes, permitiendo al 30 por ciento del estudiantado tener, por primera vez, una computadora en sus hogares (este porcentaje aumenta a 47 por ciento en los hogares con vulnerabilidad socioeconómica). Se entregaron 92 millones de libros en miles de establecimientos educativos para fortalecer la tarea de enseñar y aprender; desde el Programa de Educación Sexual Integral (ESI)[4] se distribuyó importante material de trabajo a las escuelas que permitió, entre otras cosas, acompañar la participación activa de las y los jóvenes en los movimientos sociosexuales, que encuentran desde hace unos pocos años a la fecha un importante avance en sus luchas; a través del Programa de Educación y Memoria se logró educar a estas mismas generaciones y a las más chicas en la memoria, para que puedan construir futuro sin perder de vista nuestro pasado, conociendo y haciendo propio lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país, la última dictadura cívico – militar, y de la humanidad, con los distintos genocidios en el mundo.

Más de 20 mil sedes del Plan Fines en todo el país permitieron a miles y miles de personas finalizar sus estudios secundarios que, por distintos motivos, no pudieron concluir en su momento, hacer uso de su derecho y dignificarse; más de mil Centros de Actividades Infantiles y dos mil Centros de Actividades Juveniles, junto con las orquestas infantiles y juveniles, permitieron desarrollar experiencias educativas distintas e interesantes para sostener la escolaridad. Son ejemplos de voluminosas políticas de inclusión y justica educativa que fueron ignoradas por años en los medios masivos de comunicación y minimizadas por el establishment de la aristocracia política y educativa.

El derecho a la inclusión digital, a la educación sexual integral y a educarse en derechos humanos dejó de entenderse como inversión y pasó a explicarse como un gasto.

El derecho a la inclusión digital, a la educación sexual integral y a educarse en derechos humanos, así como el incremento de los años de la escolaridad obligatoria (duplicando la cantidad de años de escolarización, si tomamos como punto de referencia el inicio del actual período democrático), lo que implicó destinar el 6,4 por ciento del PBI a educación en cumplimiento de la ley y en pos de garantizar el pleno cumplimiento del derecho social a la educación, dejó de entenderse como inversión y pasó a explicarse como un gasto. Gasto que, junto a otros, debiera evitarse porque parece urgir el imperativo categórico de practicar la austeridad para sortear una crisis ocasionada por quienes condujeron los destinos de nuestra Patria antes. Pero este relato que intentan imponer y sostener en la sociedad no es creíble. “Austeridad” y “sinceramientos” esconden un cruel y salvaje ajuste que responde a intereses foráneos y socios locales, un ajuste que no es otra cosa que un saqueo a los derechos de las mayorías de nuestro país.

“Me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan, la mayoría en la provincia de Buenos Aires, para que tengan salas de tres, cuatro y cinco”, dijo quien lidera la alianza de la derecha neoliberal que gobierna actualmente. Esos tres mil jardines de infantes prometidos se transformaron en algunas aulas containers y entre 10 y 15 mil niñas y niños sin vacantes para el nivel inicial, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, tierras en las que desembarcaron ocho años antes que a nivel nacional. Esta promesa no cumplida, gran estafa a la sociedad, tiene como principal argumento de sostén para su incumplimiento un “gasto corriente muy grande” llamado salario docente.

Este plan sistemático de desmantelamiento del Estado Educador no sólo contempla la subejecución del presupuesto como herramienta para reducir el impacto político de un recorte directo en los recursos a través del vaciamiento, achicamiento y eliminación de los programas educativos y el recorte de la inversión en infraestructura. Además, contempla un sistemático avance sobre el deterioro del poder adquisitivo de las y los docentes. Este avance inició con la eliminación por decreto de la paritaria nacional, que buscaba y lograba garantizar un piso común salarial a toda la docencia. La consecuencia de esto es la desigualdad salarial a lo largo y ancho de nuestro país, ya que el salario docente pasa a depender de la capacidad financiera de las provincias, condenando a la docencia de las jurisdicciones más pobres.

Esta fuerte disminución de responsabilidades en materia educativa por parte del Estado nacional nos remonta a los tristes recuerdos de lo ocurrido durante la década de los noventa, cuando docentes de las provincias con menos recursos partieron a otras en las que el salario era un poco (o mucho) mayor, dejando al sistema educativo provincial sin la cantidad necesaria de docentes y teniendo que contratar “idóneos/as” sin título docente para llevar adelante la tarea educativa, provocando así un deterioro evidente de la educación que recibía la población de esas jurisdicciones.

Demonizar al docente como sujeto político: enaltecer al voluntario de la vecinocracia

Este violento avance sobre los derechos laborales de las y los docentes genera un rotundo rechazo no sólo de los sindicatos, sino del conjunto de la sociedad y se lo pretende amortiguar con el intento de demonización y la persecución a las históricas organizaciones sindicales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Son organizaciones sindicales con dirigentes que han sabido sostener, a lo largo de su existencia, importantes luchas contra los distintos embates históricos neoliberales al conjunto del pueblo trabajador. De la Carpa Blanca de la Dignidad a la Escuela Pública Itinerante, la docencia, junto al estudiantado y a toda la comunidad educativa, ha demostrado enorme fortaleza para defender la escuela pública del derecho social. La sociedad defiende la educación pública y la educación pública defiende a la sociedad.

Lo hace sin comerse el amague de reducir pública a gratuita, como parte de esos deslizamientos semánticos del discurso neoliberal de estas horas, que intenta trocar público por gratuito para reducirlo a un asunto individual y de mercado, desligando de lo público aquello más relevante: el espacio de construcción plural y colectiva de toda la sociedad. Intentan reemplazar la idea rectora de una ciudadanía activa y democrática por la de un consumidor y consumidora pasiva que acepta las reglas del mercado como única religión. Reemplazar ciudadanos y ciudadanas por vecinos y vecinas de una idealizada vecinocracia es una idea que se sostiene en la naturalización de un darwinismo social del sálvese quien pueda.

Este doloroso presente de ajuste salvaje encuentra en la escuela y en la educación la esperanza colectiva de las mayorías de esta sociedad.

El resultado son políticas educativas que sólo invierten en la evaluación como la única manera de gestionar la educación. Medir se ha transformado en una obsesión que reduce escuelas, docentes, currículums y estudiantes a meros objetos de control, disciplinamiento y clasificación. Legitima, como buen ciudadano y vecino, a un estudiante disciplinado, respondedor serial de evaluaciones estandarizadas. Se intenta reemplazar docentes por voluntarios/as a los que se considera meros aplicadores de multiple choices, demonizando al maestro/a o profe si se reconoce como trabajador/a y despojándolo/a de su condición de sujeto político que construye, sostiene y defiende condiciones dignas de trabajo y una escuela pública como derecho social, y no sólo como derecho individual. Hay que intentar debatir y quebrar esa lógica mediática del zócalo o el panelismo televisivo que refuerza la vecinocracia del otro como amenaza y la democracia como mercadería.

Defender la calidad e inclusión educativas como indisociables supone docentes y estudiantes que no aceptan como natural el silencio pedagógico, latiendo al ritmo cardíaco de una escuela que no calló ante la desaparición de Santiago Maldonado, preguntando y manifestándose en pizarrones y recreos; una escuela que no frenó la marea feminista, multiplicando los pañuelos verdes en cada mochila; una escuela que no desoyó la necesidad de mujeres y hombres de familias que pierden sus trabajos y amplió sus comedores.

La escuela pública late en la tradición de las luchas populares que hicieron de la educación un derecho social, resistiendo a los imperativos de mercado que la quieren reducir a mera mercancía. Recupera y sostiene el legado de los Arancibia, multiplicando los zapatos que le robó la dictadura en millones de pisadas que albergan los sueños de cada uno de los miles de desaparecidos y desaparecidas que laten con el corazón del maestro Fuentealba, que en estos días pisan y marchan recogiendo la pasión, la lucha y la entrega de Sandra y Rubén, directiva y auxiliar docentes de Moreno, muertos por la desidia y el abandono del Estado.

Este doloroso presente de ajuste salvaje, que se cobra vidas y derrocha sufrimiento, encuentra en la escuela y en la educación la esperanza colectiva de las mayorías de esta sociedad. Ya que es ahí, en la escuela, donde se produce el encuentro intergeneracional mediado por la educación que transforma cada grito colectivo denunciante que nace de las entrañas de la comunidad en un presente de lucha y en un futuro más justo. Por eso hoy la educación como derecho social está en peligro y hay que defenderla.

 

Por Rocío Valdes y Gabriel Brener

Valdes es profesora de Matemática recibida en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” y dicta clases en la Escuela Normal Superior N°1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” y en el Plan Fines. Estudió cuatro años la Licenciatura en Matemática en la Universidad Cámara Argentina de Comercio y Servicios y actualmente estudia la Licenciatura en Educación en la UNAHUR.

Brener es profesor de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Nº 4, licenciado en Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Gestión y Conducción Educativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). También se desempeña como docente en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la UNAHUR.

 

Notas

[1] Alfredo Carballeda amplía esta idea de “irrupción de un sujeto inesperado” (Ob. Cit).

[2] Para ampliar, consultar Brener 2016.

[3] Gabriel Brener participó de todas las sesiones del Consejo Federal de Educación desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2015.

[4] Para ampliar sobre las políticas de ESI, existe un reciente informe elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por su nombre en inglés) y el propio Ministerio de Educación de la Nación, que analiza el período 2008-2016 y observa cómo se gestionaron y se gestionan las políticas de ESI (Faur, 2018).

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