Foto por Gabriel Orge. En: Presente. Retratos de la educación argentina (2014).
“Nuestros niños no eligieron vivir en la pobreza, no eligieron la violencia, no eligieron la soledad; menos aún, el desamparo. ¿Qué podemos hacer, como agentes del Estado, frente a estas desigualdades?”, se pregunta la docente Valeria Scaglioni. Este texto es una reelaboración de un trabajo presentado para la asignatura Pedagogía II, de la Licenciatura en Educación virtual de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).
Solo desde el reconocimiento de las desigualdades, se pueden abordar pedagógicamente las diferencias. Reconocer las diferencias es aceptar y respetar las singularidades culturales y procurar preservarlas en la constitución pedagógica de los sujetos. Pero no solo existen diversidades culturales, pluralidad de sentidos y valores; también hay heterogeneidades estructurales entre dominadores y dominados que deben ser tenidas en cuenta en una escuela con pretensión igualitaria. La sociedad no sólo muestra diversidades sino también desigualdades, y a menudo los diversos también son desiguales. Soslayarlo puede provocar que bajo el manto de la adaptación a la diversidad lo que fundamentalmente se dé sea en realidad una adaptación a la desigualdad en lugar de un intento de superarla.
Pérez Gómez (1997)
Antes de observar el impacto de la desigualdad en las escuelas argentinas de nuestros días, resulta fundamental precisar qué se entiende por desigualdad. Esta noción remite a la creciente dualización de la sociedad: concentración de la riqueza, exclusión y aumento de la pobreza. Si bien la escuela por sí sola no puede modificar esta diferencia, puede ayudar a no naturalizarla, proveyendo de las medidas necesarias para que quienes constantemente se ven inmersos en esta exclusión puedan empoderarse de sus derechos.
En un primer momento educativo, la equivalencia entre igualdad y homogeneización produjo como resultado el congelamiento de las diferencias como amenaza o como deficiencia. Desde 1870, en la Argentina tuvo lugar la construcción, desarrollo y diversificación de un sistema educativo nacional. La Ley Nº 1420 (1884) fue la base legal para una educación obligatoria, gratuita y “laica”. En ella, y en posteriores legislaciones, se hizo evidente la filosofía educativa de la élite oligárquica: todos debían ser socializados de la misma forma, sin importar origen nacional, clase social o religión, y esta forma de escolaridad fue considerada un terreno “universal” que abrazaría por igual a todos los habitantes.
Tal como explica Inés Dussel (2004):
“En los años setenta y ochenta se quebró el mito de la igualdad de oportunidades. No bastaba con abrir las puertas de las escuelas y expandir la matrícula; era necesario interrogarse también sobre qué pasaba en su interior, qué efectos de distribución de las oportunidades se daban dentro del sistema educativo entre escuelas de mejor y peor calidad, entre modalidades de enseñanza y entre las propias expectativas de las familias. La desigualdad educativa siguió pensándose y ´atacándose` en términos casi estrictamente económicos”.
Todo tipo de desigualdad conlleva una injusticia y cada vez observamos que esa homogeneidad que planteaban las antiguas legislaciones educativas se ve como colador frente a la realidad económica y social de nuestra Argentina. La desigualdad, tanto social como educativa, es un problema netamente político que depende de correctas políticas públicas definidas en términos de justicia social y de reconocimiento de una injusticia de base (y no en términos de una acción caritativa); que contengan en sí mismas formas de interacción con otras instituciones escolares y no escolares; que propongan marcos normativos que promuevan la tolerancia y la inclusión; que consideren que no existe proyecto educativo sin proyecto de nación que lo sustente.
En relación con la necesidad de políticas públicas, es importante repensar el rol del Estado, que es el principal responsable de la garantía de derechos. Asimismo, es importante resaltar el rol docente en tanto garante de derechos en la escuela. Esto implica que las instituciones y los docentes deban pensar y efectivizar intervenciones pedagógicas a fin de enfrentar la desigualdad.
La Ley de Protección Integral de Derechos Nº 26061 establece que la pobreza no debe causar nunca que un niño pierda sus derechos. En la actualidad, esta es la principal causa de vulneración de los derechos de los niños y niñas de la Argentina. Es el Estado quien debe garantizar que se cumpla con los derechos más básicos y elementales: la alimentación, el abrigo y la educación. Sin embargo, muchos niños hoy están más preocupados por lo que van a comer en la noche que por aprender. El neoliberalismo nuevamente golpea las puertas de nuestras escuelas, con cada vez más chicos en los comedores, con una gran concentración de la riqueza en grupos financieros y con un marcado descrédito de las instituciones escolares. Además, la población pierde poder: se siente cada vez menos representada y con una vida cada vez más precaria.
La Ley de Educación Nacional Nº 26206 (2006) interpeló las crujientes bases del sistema educativo y sostuvo, con planes y programas, que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
Perla Zelmanovich (2003), en su artículo “Contra el desamparo”, plantea:
“Resulta necesario darnos la oportunidad, en la escuela, de señalarle al adolescente que aún no eligió su destino. Se trata de no creer que éste ya está jugado, esto es, de darle margen para que pueda seguir ensayando. Tanto las modalidades discursivas desafiantes y silenciosas como las salidas anticipadas pueden ser pensadas como un llamado, una apelación al adulto para que no aumente el desamparo”.
Entonces, una verdadera enseñanza comprometida va más allá de los antiguos modelos pedagógicos esquemáticos. Se trata de poner en juego textos, preguntas, interpretaciones e interacciones que inviten a los chicos a apropiarse del lenguaje y a recrear sus imaginarios posibles a partir de nuevas reflexiones y percepciones.
Nuestros niños no eligieron vivir en la pobreza, no eligieron la violencia, no eligieron la soledad; menos aún, el desamparo. ¿Qué podemos hacer, como agentes del Estado, frente a estas desigualdades? Romper las barreras de la vulnerabilidad que la propia sociedad interpone y entramar una red que verdaderamente construya y contribuya a la conformación de la subjetividad. Es importante desarrollar la responsabilidad frente a la desigualdad de parte de los políticos, de los pedagogos y de las familias, al punto de que las brechas sociales nos resulten intolerables y nos lleven a renovar el compromiso con una sociedad más democrática y justa.
En tiempos de neoliberalismo, cuando la vida de las personas adultas, de los docentes, también se precariza y vulnera, se nos plantea un desafío mayor: repensar nuestras sociedades en términos más abiertos y flexibles; construir una vida democrática basada en la diversidad y la pluralidad de identidades, con derechos igualitarios para todos.
Bibliografía
Dussel, I. (2004). Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina de hoy. Algunas reflexiones y propuestas. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/dussel.pdf
Pérez Gómez, A. (1997). “Las funciones sociales de la escuela: de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia”, en Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. Comprender y transformar la enseñanza, Madrid, Morata.
Zelmanovich, P. (2003) “Contra el desamparo”, en Dussel, I.; Finocchio, S. (comps.) Enseñar Hoy. Una introducción a la educación en tiempos de crisis. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp.49-64.
[*] Por Valeria Scaglioni, abogada y maestra nacional de Música. Se desempeña como maestra de música de nivel inicial en la localidad de Villa General Savio, Jardín N° 905.
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