Compartimos la nota que Gabriel Brener, Marcela Martínez y Gustavo Galli publicaron hace algunas semanas en el diario La Capital de Rosario sobre su trabajo de investigación en la UNAHUR*
Puerto Madryn, Mataderos, San Justo, Capital o Jujuy, La Rioja, Quilmes, Rosario, los altos de Bariloche, los bajos de San Isidro, Junín, San Martín y más ciudades y pueblos.
Escuelas, jóvenes, docentes y policías, vértices de una figura o sociedad que pueden enlazarse o repelerse según cómo se los mire: si se trata de un Estado social que invierte en la enseñanza y el cuidado o si se reduce a una mercantilización del Estado que cercena derechos, e impone el mérito con las reglas del mercado, disciplinando a todo aquel que se resiste o se siente maniatado. Sujetos e instituciones como espectáculo mediático que se ajustan a la lógica del zócalo televisivo que etiqueta en vez de mostrar, que simplifica lo que es complejo y confunde la diferencia con la desigualdad. Que sin mediar razones troca un ser en peligro en elemento peligroso y amenaza para la “paz social”. Requisas en la puerta de las escuelas, denuncias a jóvenes, protestas estudiantiles, detenciones irregulares de chicos menores de edad, gas pimienta en los rostros de jóvenes a la salida de la escuela, relevamiento de ausencia de docentes en días de paros, intento de reemplazar docentes por voluntarios, y razias a adolescentes sin importar si es afuera o adentro de la escuela. La escuela aparece en los medios a partir de la exhibición de las escenas de violencia. Tantas otras experiencias además del bullying o signos de desesperación tienen lugar en las instituciones educativas. Pero esas otras experiencias no adquieren visibilidad. En el último tiempo, la sección policiales se nutre de situaciones escolares. Las causas son múltiples, las excusas también, lo cierto es que nunca como ahora hemos vivido tiempos de judicialización de las relaciones pedagógicas.
Nada es casual. El auge de un paradigma punitivo que restringe y suprime derechos construye una política de seguridad que en los bordes y/o del otro lado de la ley contribuye a la securitización de las relaciones sociales. Los lazos sociales, cada vez más erosionados, entronizan a unas fuerzas de seguridad que deben, por sobre todo, “proteger a los buenos”. Pero, ¿quiénes definen a “los buenos” en la conformación de un nuevo estado de excepción? Los jóvenes, históricamente, no suelen serlo. Menos aún si son pobres, morochos y usan ropa deportiva y viseras.
“Las causas son múltiples, las excusas también, lo cierto es que nunca como ahora hemos vivido tiempos de judicialización de las relaciones pedagógicas”
En este marco de tensiones, en la enseñanza secundaria tiene lugar un fenómeno creciente a nivel mundial: la securitización de las relaciones sociales. La obsesión securitaria se torna omnipresente en los discursos mediáticos pero también en las jornadas de reflexión y formación de los docentes en las escuelas.
El despliegue mercantil de un conjunto de tecnologías destinadas a prevenir y resolver problemáticas en torno a la cuestión securitaria ocupa el prime time televisivo, las góndolas de los supermercados, pero también la gestión de directivos/as de escuelas, de cooperadoras de padres y madres, de editoriales escolares, guías didácticas, capacitaciones y empresas de provisión de diversos insumos escolares. Podríamos decir que la seguridad asume un protagonismo excluyente. Actualmente “se” reclama, como postula el sociólogo Richard Sennet “se necesita seguridad aunque sea en detrimento de la libertad”. En este marco, se observa un ascenso del paradigma punitivo en la sociedad en su conjunto, del que las escuelas no están exentas. Se observa una tendencia creciente a judicializar los vínculos entre docentes y estudiantes, entre escuela y comunidad. La responsabilidad civil —esa figura jurídica tan invocada por los trabajadores de la educación!— adquiere un papel clave en la regulación de vínculos y de experiencias. Podríamos arriesgar que la primacía de la seguridad vale por la pérdida de libertad y está en sintonía con la obsesión por evaluar sin debatir qué importa enseñar. En la versión securitaria de esta nueva pedagogía ¿será factible desplazar al docente y a la escuela con el efecto fiscalía? ¿Será posible que el adulto escolar sea cada vez menos profesor y más abogado y fiscal en búsqueda de culpables al tiempo que se asegure contra terceros?
La judicialización de las relaciones escolares se constituye a través de un proceso caracterizado por la preponderancia de una perspectiva jurídica de la responsabilidad educativa, respecto de una responsabilidad ética y política. Dicha judicialización podría ser un signo de la debilidad de la escuela, de la pérdida de su fuerza disciplinaria pero también de su capacidad para enseñar y cuidar.
Si la escuela moderna hacía serie con otras instituciones, en particular con la familia, la escuela contemporánea parece desplazar este vínculo, lo que significa el extravío de un axioma que la escuela tuvo como principio de funcionamiento y, con ello, el requerimiento de un poder externo a ella.
“Se observa un ascenso del paradigma punitivo en la sociedad en su conjunto, del que las escuelas no están exentas”
La “mano invisible del mercado” construye necesidades mercantilizando las formas de construir vínculos, desgastando y suprimiendo cualquier atisbo que huela a confianza en el otro/a. Aplicaciones que te muestran en vivo cómo tu hija ingresa en la escuela o qué está haciendo tu niño en su sala de jardín; cámaras por doquier, pólizas de seguros contra bullying o mochilas transparentes para ingresar a la escuela. La confianza, componente insustituible del hecho pedagógico, queda subsumida de este modo a la obsesión por el control y a la supremacía del sentimiento de seguridad. ¿Cómo se educa sin confianza? ¿Cómo se educa si por momentos esa confianza que siempre supone el riesgo de romperse, no se rompe y justamente por eso aprendemos a volver a confiar, a seguir apostando por el otro? ¿Será que la ficción acerca de infalibilidad de los dispositivos de control supera tan contundentemente la posibilidad de aceptar la humanidad que se juega en la confianza hacia los demás? ¿Será que el paradigma de control, punitivo y represivo penetrará tanto las paredes escolares que tenemos que resignificar los modos de comprender la idea de comunidad educativa, de encuentro con el otro, de confianza, de conflicto, de autoridad, de convivencia?
La escuela está atravesada por ese sentido común punitivo. Pero también está dotada de adultos y estudiantes que resistimos ese lugar de objeto en que nos pone el imperativo mercantil securitario para asumir ese lugar difícil, desafiante y emancipatorio que supone ser sujeto y construir nuestro propio destino. Sujetos de la palabra, del deseo y la felicidad que siempre es en plural y una apuesta a hacer más democrática la democracia.
(*) Los autores llevan adelante la investigación “La construcción de la comunidad en la escuela: cuando se judicializan las relaciones escolares” en la Universidad Nacional de Hurlingham. El artículo original puede leerse acá.
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