Por: Fotografías Emergentes
Sancionada en 2006, la Ley Nacional N° 26150 de Educación Sexual Integral (ESI) establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir en las escuelas educación sexual desde un abordaje que supere el biologicismo. Doce años después, en un marco de ajuste generalizado y de protestas conservadoras, la Ley encuentra defensores en docentes y estudiantes que demandan su efectiva aplicación.
Entre los muchos logros que se le reconocen a la Ley, hay uno que puede considerarse de base: la integralidad, que apunta a comprender la sexualidad más allá de lo biológico y de la práctica sexual. Por el contrario, se la entiende desde sus dimensiones psicológicas, afectivas, éticas, sociales y culturales. A partir de allí, se propone abordar la educación sexual desde cinco ejes: equidad de género, ejercicio de derechos, respeto por la diversidad, valoración de la afectividad y cuidado del cuerpo y la salud.
Si entendemos que la sexualidad tiene múltiples dimensiones, entonces ya no podemos reducir su tratamiento a una clase de Biología. Ni siquiera a un taller especial. La educación sexual integral está en todas partes, todo el tiempo. Desde la perspectiva de Mirta Marina, coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral desde su creación, “la educación sexual que impartamos los y las docentes está ligada a la idea de sexualidad que llevemos puesta, desde una posición teórica, vivencial, didáctica. Es decir, hay una manera de pensar la sexualidad que se corresponde con una manera de enseñar educación sexual integral en la escuela. La revisión del propio posicionamiento es muy importante y es un trabajo que dura toda la vida”. Esa es una de las razones por las que su implementación significó desde el inicio un gran desafío para docentes y directivos.
En mayo de 2008, dos años después de la sanción de la Ley Nacional de ESI, fueron aprobados los lineamientos curriculares que establecen los contenidos mínimos que deben aplicarse. A partir de ese momento, desde el Ministerio de Educación de la Nación se trabajó en dos direcciones: la capacitación docente y la elaboración de materiales didácticos destinados a asistir y acompañar a los/as docentes y las familias en la implementación de la educación integral de la sexualidad con los/as estudiantes.
Con estas medidas, el Programa Nacional de ESI buscaba asegurar la aplicación de los contenidos en las distintas jurisdicciones, que mantenían su autoridad para adaptarlos a las necesidades y características de sus comunidades. Sin embargo, para poder ser aprobada, la Ley debió hacer concesiones. El artículo 5° otorga libertad a cada establecimiento educativo para adaptar la ESI “a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”, lo que muchas veces fue interpretado como un permiso para no dar educación sexual en los términos que plantea la Ley.
Este año, sin embargo, el tratamiento en el Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cambió el escenario. En el recinto, la abrumadora mayoría estuvo de acuerdo en la importancia de reforzar la ESI en las escuelas. De hecho, entre quienes se opusieron a la sanción de la Ley predominó el argumento: aborto no, ESI sí. En ese momento, la educación sexual integral era considerada (incluso por ese sector) como una herramienta válida también para prevenir embarazos no intencionales y situaciones de violencia. De esta forma, se abrió la puerta para que se revisara el artículo 5° de la Ley.
Durante septiembre último, las comisiones de Educación y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja acordaron la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral con un texto que apunta a unificar el modo de aplicación de los contenidos. Según el nuevo texto, la Ley será de “orden público” y, por lo tanto, de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, que deberán brindar contenidos laicos y científicos y ya no podrán limitarlos a “su ideario institucional” ni a “las convicciones de sus miembros”.
Mariana Lavari: “Existen elementos legales y legítimos que establecen la importancia de la intervención del Estado en la educación sexual integral”.
Sin embargo, el nuevo dictamen volvió a encontrar resistencia en poderosos grupos evangélicos y católicos que, representados en la Red Federal de Familias y en la organización “Con mis hijos no te metas”, señalan el derecho de los padres (y su prioridad por sobre las instituciones del Estado) a decidir qué tipo de educación sexual deben recibir sus hijos. “El artículo 1° de la Ley establece que los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en las instituciones educativas”, explica Mirta Marina. Y agrega: “Ese es uno de los puntos más importantes que tiene la Ley, porque implica concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y ya no simplemente como sujetos de protección, que es lo que sostiene el enfoque tradicional”.
Por su parte, Mariana Lavari, especialista en Educación Sexual Integral e investigadora del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, sostiene que “existen elementos legales y legítimos que establecen la importancia de la intervención del Estado en la educación sexual integral. Tampoco podemos desconocer los datos que señalan que el 75% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares. Y que un altísimo porcentaje de femicidios se produce en el marco de las relaciones familiares y de pareja”.
Además, Lavari advierte que debemos prestar atención a los términos en los que se da este debate para no caer en falacias. Consignas como “con mis hijos no te metas” construyen un supuesto enfrentamiento entre las familias y las escuelas que no se produce en el territorio. “Cuando las escuelas informan a las familias sobre el modo en que se va a trabajar –que, por otra parte, es lo que marca la Ley–, las familias lo reciben muy bien. Es mínima la resistencia, incluso en las provincias más conservadoras. Sin embargo esas voces toman un lugar desmedido en los medios de comunicación y parece que se estuviera hablando de todas las familias argentinas”. También para Mirta Marina, hablar en nombre de las familias como un todo homogéneo “es un recurso propio de los sectores más conservadores”.
En simultáneo a las trabas que intentan imponer estos grupos, hay obstáculos que parten del propio Estado nacional. Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos ofrecidos por el Ministerio de Educación de la Nación, en 2017 la inversión total en dinero para la implementación de la ESI fue de 12 millones de pesos menos que en 2015. Pero además, parte de ese dinero fue redireccionado al Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lo que permite entrever un regreso al paradigma de la sexualidad como riesgo, que reduce la educación sexual a la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Por su parte, el Instituto Marina Vitte (CTERA) publicó un dato aún más alarmante que surge de la información bridada por el Ministerio: en el período 2015-2018 el presupuesto del Programa sufrió un ajuste nominal del 60%. Si se considera la escalada inflacionaria, este año el presupuesto del Programa representa menos del 20% del que le fuera asignado en 2015.
Si se considera la escalada inflacionaria, este año el presupuesto del Programa representa menos del 20% del que le fuera asignado en 2015.
Un documento producido por la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA/LACRO), con investigación de la doctora en Ciencias Sociales Eleonor Faur, permite ver el impacto que este desfinanciamiento tiene sobre la capacitación docente. De acuerdo con el documento, mientras que en 2015 se dictaron seis cursos virtuales que alcanzaron a un total de 16.194 docentes, la oferta se redujo a tres cursos, con 11.450 inscriptos en todo el país. Un ajuste aún más brusco sufrió la formación presencial: de 55.000 docentes en 2015, solo se formó a escasos 1.350 en 2017. En lo que respecta al año en curso, la capacitación docente volvió a tomar fuerza con la resolución N°340/18 del Consejo Federal de Educación, pero únicamente en la Ciudad de Buenos Aires (por primera vez), en Mendoza (capital), Neuquén (capital), Trelew, Tucumán y algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Para la Coordinadora del Programa, “los y las docentes están interesados en poder formarse. Las capacitaciones que se brindaron en distintos momentos históricos, con mayor o menor financiamiento, siempre tuvieron más demanda que oferta”, lo que refleja, según Marina, el compromiso docente con la ESI.
Algo similar sucede entre estudiantes. Según revelan los resultados de la prueba Aprender 2017, al 79% de los y las estudiantes secundarios del país les gustaría que la escuela enseñara educación sexual integral, y el 76% quisiera que se abordaran temáticas vinculadas a la violencia de género. Desde la perspectiva de Lavari, la Ley provincial N° 14581 de Centros de Estudiantes habilitó un canal de participación estudiantil, que hoy incluye a la ESI en su agenda. Cuenta la especialista que, junto al equipo de investigación que dirige, fueron convocadas por una escuela secundaria de Hurlingham que está conformando su Centro de Estudiantes. “Las tres listas que se presentan –relata– incluyeron en sus plataformas la educación sexual integral. Fue impresionante. Tienen mucha claridad sobre lo que quieren y necesitan”.
Según los resultados de la prueba Aprender 2017, al 79% de los y las estudiantes secundarios del país les gustaría que la escuela enseñara educación sexual integral.
Sin embargo, esta claridad y entusiasmo estudiantil muchas veces puede ser recibido con temor por parte de los y las docentes que no se sienten preparados para afrontar la tarea. Lavari cree que es necesario comprender a quienes no se animan a encarar la ESI en el aula. Entender que, muchas veces, no es falta de voluntad ni de interés, sino inseguridad. Y agrega: “los chicos y las chicas dicen que necesitan conversar. Y sienten que darles el espacio para hacerlo es una manera de cuidarlos. Lo que están diciendo es que necesitan a los adultos. Pero en las escuelas todavía hay miradas muy tradicionales y no solamente respecto de la ESI sino sobre cómo se educa: cuesta ponerse en el lugar de no saber, de la escucha. Pero los y las adolescentes quieren ayudar”.
Las universidades tienen un rol fundamental en el acompañamiento de los y las docentes. No solamente en los aportes que puedan hacer al sistema educativo, sino también a través de la producción y divulgación de conocimiento científico que permita comprender, por ejemplo, por qué la ESI no logra aplicarse en todos lados, a más de diez años de haber sido sancionada la Ley. “El acompañamiento a las escuelas –dice Lavari– puede hacerse en la medida en que podamos comprender. No es cuestión de juzgar quién puede y quién no puede. Necesitamos comprender qué nos atraviesa como sociedad, de dónde venimos las personas adultas, qué tabúes y prejuicios que traemos dificultan la tarea”.
La educación sexual integral es una política contracultural. Como tal necesita de una masa crítica que la lleve adelante. Una masa crítica que ya se percibe en las calles y en las aulas. Tal vez un ejemplo de esto sea la Especialización en ESI que ofrece el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. Este año, el Ministerio de Educación porteño retrasó la firma de la resolución que autorizaba la cursada, por lo que las clases iniciaron con menos vacantes de las necesarias y con las docentes trabajando sin cobrar su salario. Frente a esta situación (se inscribieron 546 personas para 250 vacantes), la Especialización emitió un comunicado en el que afirmaba: “Si por nosotras fuera, brindaríamos formación a todas las personas inscriptas porque además de trabajadoras somos militantes feministas que defendemos nuestros derechos y el derecho de los niñas, niños y adolescentes a la Educación Sexual Integral, la que consideramos una herramienta para la transformación social”.
Todavía queda un largo camino por delante y muchos obstáculos por superar. Pero la ESI solo puede ir hacia adelante. La empuja la demanda social.
[*] Por Magdalena Rohatsch, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social (UBA) e investigadora en temas de género. Está escribiendo su tesis de Maestría sobre experiencias menstruales de niñas y adolescentes.
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